UGT Servicios Públicos (UGT SP) de Córdoba se ha concentrado con los trabajadores del servicio provincial de Transporte Sanitario para apoyar sus reivindicaciones, “por un transporte sanitario de calidad tanto para profesionales como para las personas usuarias del mismo”, señalo la secretaria provincial de Sanidad y Servicios Sociosanitarios del sindicato, Mari Carmen Heredia.
La responsable ugestista realizó un llamamiento a la delegada de Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Botella, en el que le recordó que “la Administación andaluza debe velar por el cumplimiento de las licitaciones que concede y firma, como esta del transporte sanitario, que en septiembre llevará cuatro años firmada y no se han producido avances en el cumplimiento del convenio, con faltas de ambulancias y de profesionales, asuntos que ha reclamado UGT en la calle con toda la fuerza de sus protestas sin que la Junta haya movido un dedo para exigir a la empresa su cumplimiento”.
Heredia recordó que “las ambulancias tipo B deben llevar dos técnicos de emergencias
sanitarias, algo que no sucede ni ha sucedido, ya que, siendo una ambulancia de soporte vital básico como viene recogido en el real decreto 836/2012; sin embargo, 16 años después sigue sin cumplirse, mientras que sí se están usando las ambulancias tipo a1 para realizar servicios que requieren dos técnicos y, a pesar de ello, se le va a prorrogar a la empresa 1 año más el servicio”.
En el año 2022, UGT SP Córdoba se reunió con la delegada de Salud, recordó Heredia, que subrayó que “en esas conversaciones el sindicato le expuso todos los problemas que sufre el transporte sanitario, ante lo que María Jesús Botella aseguró que tomaba nota de todo ello para exponerlo en la siguiente comisión de seguimiento pero, sin embargo, nunca hubo una respuesta a estos requerimientos”.
Desde UGT, asegura la secretaria ugetista, “exigimos a las administraciones que hagan
partícipes a los sindicatos en la redacción de los pliegos de condiciones para poder así velar
por los derechos de los trabajadores antes de que se produzcan los problemas con más difícil solución”. Entre las exigencias que Heredia señaló querer imponer a la hora de redactar estos pliegos, señaló, se encuentra “que se pueda sancionar a las empresas que no cumplen las condiciones en el plazo de un año desde que asumen los servicios y que, de no cumplir con los términos de la licitación correspondiente en las revisiones semestrales que proponemos, se le pueda retirar la licencia dada”.
Heredia finalizó señalando que, de llevar a cabo estas acciones, la Administración cumpliría su compromiso de vigilancia de sus contratos en cesión de la prestación de servicios públicos, y las personas trabajadoras y las personas usuarias tendrían garantía de calidad en la prestación de estos servicios. “De ser así, ahora no tendríamos estos problemas en el transporte sanitario de Córdoba”, concluyó.
Entrevista Transporte Sanitario
