En el día de hoy, los sindicatos de la enseñanza pública UGT, ANPE, CCOO, CSIF y USTEA, representados en la Mesa Sectorial, hemos hecho entrega a la viceconsejera de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, de un escrito dirigido al consejero Javier Imbroda, mediante el que argumentamos los motivos que nos llevaron a la convocatoria de concentraciones el pasado 23 de marzo, ante las delegaciones territoriales en las ocho provincias, como medida de rechazo al cierre de unidades en centros públicos y en demanda de una disminución de las ratios en las aulas de nuestra comunidad.
Con dichas movilizaciones quisimos denunciar la eliminación, en los últimos tres años, de más de un millar de unidades en los centros docentes públicos de Andalucía. Una política de supresión que se extiende por distintos rincones de la comunidad autónoma. Supresiones que una vez se producen, tristemente se consolidan, siendo muy pocas las unidades que vuelven a recuperarse. Cierres de aulas públicas con nefastas consecuencias sociales, en tanto en cuanto la enseñanza pública es la que atiende a los sectores más necesitados.
Estas supresiones afectan progresivamente a los cursos superiores dentro de un mismo centro, conduciendo a situaciones de deterioro de las condiciones laborales del profesorado al que representamos, sometido a desplazamientos por insuficiencia de horario o supresiones de sus plazas, así como a menores perspectivas de empleo en el caso del personal integrante de las bolsas de interinos. Un ataque, en suma, a la integridad de nuestro sistema educativo público.
Frente a esto exigimos una reducción de las ratios como medida imprescindible para evitar la desaparición de unidades públicas y fomentar la calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en especial en lo que concierne a la atención a la diversidad.
Por todo ello y ante nuestra coincidencia de posturas en defensa de la enseñanza pública, hemos solicitado en nuestro escrito la apertura de un proceso de negociación con la Consejería de Educación y Deporte, para evitar el cierre de unidades o en su caso encontrar alternativas que impidan la supresión de puestos de trabajo.
Asumimos así la responsabilidad, como legítimos representantes del profesorado de la educación pública, de defender sus intereses, de forma que no se pierda ni una sola unidad más en la escuela pública en nuestra comunidad.
